Colombia defendió hoy ante el Consejo de Derechos Humanos de la ONU el acuerdo de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y asumió los grandes "retos y desafíos" que el Estado tiene para poder implementarlo y lograr una sociedad más justa y equitativa.

El país se sometió hoy por tercera vez al Examen Periódico Universal (EPU), una evaluación del cumplimiento de los compromisos con los derechos y leyes fundamentales al que deben someterse los 193 países de Naciones Unidas y que se realiza en el marco del Consejo.

"El Gobierno del presidente (Juan Manuel) Santos ha demostrado un compromiso con la promoción de una cultura de derechos humanos que ha pasado por la búsqueda de la paz, la equidad y la educación. Hoy Colombia es un país muy diferente del de hace unos lustros", afirmó el ministro colombiano del Interior, Guillermo Rivera Flores.

Rivera Flores recordó la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC el 24 de noviembre de 2016, y que el Ejecutivo está involucrado en la búsqueda de un tratado similar con la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) y asumió que ambos procesos "no están exentos de retos y dificultades".

Pero dejó claro que en ambos casos "el Estado avanza hacia la búsqueda de la paz".

"La firma del acuerdo no es la paz en sí misma, sino la búsqueda de una sociedad más justa e incluyente", recalcó el ministro.

Rivera Flores relató todos los progresos conseguidos en un año y medio desde el acuerdo de paz con las FARC, como la reducción de los índices de la violencia, que ha llevado a que en 2017 se diera el menor número de actos violentos de los últimos 42 años "lo que permitió salvar 3.000 vidas".

Sostuvo que las labores de desminado han logrado que los accidentes hayan disminuido un 95 %, y que una tercera parte de los pueblos con sospecha de minas se hayan convertido en municipios libres de esos artefactos, aunque se sigue trabajando en 232 localidades.

Asimismo, el ministro indicó que 69.000 familias forman parte del programa para sustitución de cultivos de sustancias ilegales y que la mitad ya ha recibido el primer desembolso.

El responsable anunció que 12.000 excombatientes han recibido su renta básica y se han afiliado a la seguridad social, y que se han restituido 300.000 hectáreas de tierra.

Rivera Flores reconoció que el Gobierno tiene un problema grave con la persistencia de desplazamientos forzosos de población rural y, sobre todo, con la violencia contra los defensores de derechos humanos y líderes indígenas y sindicales.

"Estamos luchando contra la impunidad de los homicidios de defensores de derechos humanos", afirmó y explicó que se ha creado una unidad específica en la Fiscalía y en la Policía para esclarecer estos asesinatos, e informó de que 4.000 activistas están siendo protegidos por el Estado.

Precisamente, el acoso y los homicidios de estos activistas fue la principal preocupación de la inmensa mayoría de los países que intervinieron, entre ellos Australia, Argentina, Austria, Bolivia, Canadá, Estados Unidos, Costa Rica Congo, y Dinamarca, España.

Washington y Caracas se refirieron también al tema de los falsos positivos -los civiles asesinados y contabilizados como guerrilleros- pidieron que ninguno de estos casos quede en impune y que también se juzgue a los altos mandos responsables.

Islandia alabó a Colombia por haber adoptado el matrimonio gay pero mostró su preocupación por la violencia de género, una crítica que secundaron Polonia, Italia e Irlanda.

Brasil, por su parte, ensalzó a Colombia por recibir en su territorio a miles de refugiados venezolanos con dignidad.

EFE